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En su momento, hace ya cuatro años, en el 2017, denunciamos que estábamos seguros de haber sido objetivos de espionaje telefónico, del programa de NSO Pegasus, casi nadie nos creyó, salimos en medios a duras penas y ni siquiera aceptaron nuestros aparatos móviles para hacer el peritaje, cómo si sólo algunos tuvieran derecho a ser espiados y además quejarse.
Hoy cuatro años después es conocido por todos que el uso de Pegasus fue una práctica generalizada desde el 2016 en contra de toda la disidencia social, alrededor de 15,000 teléfonos se intentaron infectar con dicho software, entre los números que apenas van saliendo a la luz pública, están los ya conocidos de importantes periodistas y defensores, pero también de otros periodistas no tan famosos y activistas sociales de muchas organizaciones sociales, magisteriales etc. Incluso se sabe hoy que todo el círculo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador también fue objetivo de dicho software.
Sólo al llegar a este último punto se plantea entonces la investigación de los responsables de la adquisición y operación ilegal de dicho software en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos y sociales.
Pero sabemos que el responsable es Calderón y sus “super policías y super militares” que adquirieron dicho software, no para espiar a la delincuencia organizada, hoy también sabemos que eran y siguen siendo una y la misma cosa, sino como una herramienta que les permitiera generar el control social mediante el terror, por tanto, no sólo se debe investigar y sancionar a quiénes adquirieron y usaron dicho programa, sino a quienes lo autorizaron y a quiénes planificaron la intervención de 15,000 teléfonos celulares.
No hace falta, aunque sería muy importante correlacionar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias con el espionaje, los perpetradores, es decir, los agentes de estado, sabían no sólo la información que manejaban las víctimas, sino el lugar y momento preciso para ser víctimas del terror estatal, el número de víctimas, la certeza de la grave violación a los DH y la impunidad del hecho nos confirma una operación de alcance nacional, generalizada y sistemática para eliminar físicamente a cientos de disidentes sociales y defensores de derechos humanos.
Por lo menos 251 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente durante los gobiernos (Calderón y EPN) que operaron dicho software, y 131 fueron desaparecidos de manera forzada según la documentación que como organización de DH hemos realizado durante estos años.
Si hablamos de detenciones arbitrarias y tortura, dentro del universo de las 4152 detenciones arbitrarias realizadas, en los pasados dos sexenios, en contra de personas defensoras de derechos humanos, sería interesante saber cuántos de los que fueron infectadas con el software Pegasus, terminaron en la cárcel.
Así, no se trata del mal uso de una herramienta de espionaje, sino del uso ilegal, consciente y dirigido a eliminar la disidencia social en México y por tanto no cabe tampoco el llamado de AMLO a ya no mirar al pasado, al contrario, todos los partícipes de esta maquinaria estatal de vigilancia ilegal, que fue el método para ejecutar y desaparecer, deben responder ante la justicia, de otra manera, no existe ninguna garantía legal o moral que frene a los nuevos “super policías o super militares” de continuar haciendo lo mismo o volverlo a hacer cuando lo requieran.
Comité Cerezo México